Por Eduardo Engel, consejero Giro País

La mayoría de los candidatos a alcalde en la reciente elección municipal estima que los restantes candidatos no respetaron los límites al gasto electoral. Más aún, los excesos de gasto serían sustanciales, pues más de la mitad de quienes respondieron que hay excesos considera que se gastó más del doble de lo permitido.

Lo anterior se infiere de una encuesta realizada por Chile Transparente a 230 candidatos a alcalde en la elección municipal de 2008. Cuando se entra a indagar sobre las posibles explicaciones para los excesos de gasto, el principal factor que emerge es la escasa capacidad fiscalizadora que tiene el Servicio Electoral (Servel).

Regular la relación entre el dinero y la política es uno de los grandes desafíos que enfrenta toda democracia. El desafío es grande, porque las campañas electorales requieren de recursos que la mayoría de los candidatos no puede financiar de su bolsillo y porque quienes cuentan con más recursos tienen una ventaja que puede resultar decisiva. Al mismo tiempo, sectores regulados, cuyas utilidades dependen de manera importante de decisiones de las autoridades elegidas, tienen un claro incentivo para mejorar sus posibilidades de influir sobre la agenda pública financiando la política. Esto puede llevar a leyes y regulaciones que benefician a unos pocos en desmedro de la ciudadanía en general.

Luego del caso MOP-Gate el Congreso aprobó la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, la cual se aplicó por primera vez en la elección municipal de 2004. El nombre de la ley hace cualquier cosa, menos resumir su contenido, porque en la práctica los límites al gasto no se respetan debido a la falta de control por parte del Servicio Electoral (Servel), mientras que la transparencia en las fuentes de financiamiento ni siquiera formó parte de su diseño original.

La Ley 19.884 entregó al Servel la misión de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre límites de gasto electoral. Dichos límites varían en función del número de votantes de las comunas, desde un máximo de 107 millones de pesos para cada candidato a alcalde en Viña del Mar, hasta un mínimo en torno a los tres millones de pesos en el caso de Isla Juan Fernández e Isla de Pascua. Que este rol no es considerado entre las actividades más importantes del servicio se refleja en que ni siquiera se menciona al listar las principales funciones del servicio en su página web.

La labor de fiscalización del Servel se ha limitado a revisar la declaración de ingresos y gastos que cada candidato debe presentar una vez concluida la elección, examinando, por ejemplo, si existen facturas falsas. Esto es claramente insuficiente, pues es importante que el Servel cuente con alguna estimación propia de cuánto gastaron los candidatos para poder determinar quiénes gastaron mucho más de lo que declararon. Desgraciadamente el Servel ha hecho prácticamente nada para monitorear los niveles efectivos de gasto.

Por si lo anterior no bastara para aguar los límites al gasto contemplados por la ley, el Ejecutivo presentó hace unos días una iniciativa que debilitaría el limitado rol de fiscalización que el Servel realiza en la actualidad. Este proyecto  propone un "perdonazo" a quienes no entregaron sus declaraciones de ingresos y gastos dentro del plazo establecido por la ley (un 12,9% de los candidatos) o a quienes dichas declaraciones les fueron rechazadas (un 1,4%). Es difícil argumentar que los candidatos y partidos se estaban adaptando a una nueva legislación, cuando ésta ya se había aplicado en la elección municipal del 2004.

En lugar de perdonazos, lo que se necesita es una serie de medidas para fortalecer el rol fiscalizador del Servel. Servicios de este tipo frecuentemente tienen problemas para cumplir su rol fiscalizador, porque uno de los pocos temas en que la mayoría de los legisladores suele estar de acuerdo es que el ente que fiscaliza sus actividades sea débil. Se requiere, por tanto, que la Presidenta represente a la ciudadanía liderando un proceso que dé mayores grados de profesionalismo e independencia al Servel.

Una primera medida que puede tomar la Presidenta es incorporar el Servel al Consejo de Alta Dirección Pública, de modo que la designación del director del servicio se haga con criterios estrictamente profesionales y éste cuente con mayores grados de independencia.
La primera misión de un director nominado por este proceso debiera ser modernizar el servicio, separando la institucionalidad encargada de controlar y fiscalizar el gasto electoral de aquella encargada de organizar y controlar los procesos electorales. Medidas adicionales incluyen realizar fiscalizaciones selectivas durante las campañas electorales y establecer la obligatoriedad de que cada candidato tenga una cuenta corriente única de ingresos y egresos de gasto electoral. Estas y otras medidas permitirán modernizar el Servel, un requisito clave para regular efectivamente la relación entre el dinero y la política.

Publicado en Reportajes de La Tercera, 17 de mayo de 2009