Aumentar la conectividad de banda ancha, asegurando un acceso equitativo e inclusivo, es una declaración fundamental de la Estrategia Digital. Por lo mismo es que se debe evitar cualquier tipo de medida que limite el acceso de la población a los servicios de internet  y los beneficios que de ella se derivan. 

Actualmente se discute en el Senado el proyecto que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta iniciativa busca adaptar la norma, que data de  la década de los 70, a un escenario actual en que se  equilibren el uso de las nuevas tecnologías con los derechos de autor. Hoy es prioritario que Chile reconozca los derechos de los creadores y de paso, eleve sus estándares de protección intelectual al mismo nivel de los países desarrollados. Pero al mismo tiempo es momento de cuidar que tal aspiración no termine produciendo un perjuicio insalvable a la expansión de internet.  
En el marco de la discusión parlamentaria de la iniciativa enviada por el gobierno, han surgido numerosas indicaciones y algunas proposiciones, cuyos efectos vale la pena analizar en profundidad. 

Dentro de ellas, la más preocupante es la idea de que los proveedores de acceso a internet cumplan un rol de juez, llegando incluso a exigirles bloquear o terminar el servicio a clientes presuntamente infractores de la Ley de Propiedad Intelectual, sin mediar resolución de un tribunal calificado.  
Otorgar a los privados la potestad de discernir quiénes tendrían o no derecho a internet, amenaza el derecho básico de las personas a un debido proceso consagrado por nuestra Constitución. No olvidemos que el servicio de los proveedores de internet es el mero transporte de  digital de obras, por lo que su responsabilidad debe ser limitada. 

Igualmente, cabe cuestionarse si es razonable exigir a los proveedores de internet un pago por derecho de autor por los contenidos que transitan en sus redes. No existe en el mundo un precedente de un cobro de tal naturaleza y preocupa su posible instauración en Chile, ya que restringiría la expansión de la banda ancha. Un llamado "fee" por el transporte de creaciones artísticas o intelectuales en la red acarrearía costos que terminarán siendo asumidos por los consumidores, limitando así el acceso a internet. 

Finalmente, creo razonable establecer el derecho de solicitar que un tercero imparcial se pronuncie sobre la legalidad y racionalidad de tarifas impuestas unilateralmente por las entidades de gestión de derechos de autor. Es un acto de debido proceso y justicia el otorgar a todo tipo de empresas y usuarios una instancia que permita objetar los cobros de una entidad con un indiscutible poder de mercado y frente a la cual no existe un proveedor alternativo. Es ahora, entonces, el momento de balancear la protección al derecho de autor con  el legítimo derecho de cada persona a participar plenamente de la sociedad de la información.

La banda ancha hoy es un motor de economía y desarrollo. Por tal razón, nos hemos abocado a un gran esfuerzo público-privado para aumentar la conectividad del país, gracias a lo cual en 2010 tendremos el 90% de la población rural conectada. Por otra parte, en las zonas urbanas debemos focalizar nuevas estrategias que nos permitan invertir fondos de incentivo a la banda ancha en las comunas del segmento socioeconómico C3 y D, donde solo tres de cada 10 hogares tiene acceso.
Recordemos que nuestro país tiene buenos indicadores de penetración de Banda Ancha comparados con nuestros vecinos, pero por debajo del que se observa en las naciones desarrolladas.

*Director de Estrategia Digital