A propósito del debate sobre el aborto que se vive en españa, el sacerdote jesuita Juan Masiá escribe una columna que titula "Proponer sin imponer, cuestionar sin condenar" y citamos para abrir el debate cuando acá se discute un tema parecido, la píldora:

Ningún Gobierno tiene derecho a arrogarse el monopolio de la democracia. Ninguna Iglesia o confesión religiosa tiene derecho a detentar el monopolio de la moral. La elaboración y presentación de un anteproyecto legislativo para someterlo al debate parlamentario es un servicio a la comunidad política, pero no puede dictar de antemano a ésta los resultados de dicho debate. Asociaciones profesionales, medios de comunicación, entidades educativas e investigadoras o representantes de tradiciones religiosas ejercen su derecho a contribuir al debate cívico, enriqueciéndolo con aportaciones y matizándolo con cuestionamientos; pero no pueden imponer esas opiniones saltando por encima de las reglas constitucionalmente consensuadas por la comunidad política para su funcionamiento parlamentario. Todos pueden proponer, sin imponer. Todos pueden cuestionar, pero sin condenar.

Y agrega sobre la píldora [...]

Pero junto a las sombras hay luces. Leí en las páginas de opinión de un diario local dos columnas firmadas el mismo día por jóvenes de diferente afiliación política. Manifestaban opiniones divergentes acerca de la píldora del día siguiente; pero me llamó la atención que no recurrían para exponerlas a atacar al contrario, y, a pesar de mantener posturas diferentes, no rehuían el acuerdo en puntos de consenso: la salud de las personas implicadas, la ventaja de la prevención sobre la interrupción, el carácter de emergencia y la oportunidad del debido aconsejamiento. Si posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así para converger en mínimos comunes, hay esperanza democrática. Si aumenta el parlamentariado, de cualquier afiliación, capaz de convergencia, concordancia plural y respeto a las divergencias, ganará el bien común del país.

En el caso de parlamentarios creyentes, en unos y otros partidos, se espera que conjuguen su conciencia religiosa con la prudencia legislativa, sin condicionamientos de pertenencia confesional o política. Sabrán que no todo lo éticamente rechazable ha de ser penalizado, ni tampoco lo despenalizado es, sin más, éticamente aprobable. Sin ceder a presiones, ni partidistas ni religiosas, buscarán conjugar la protección de la vida naciente con la necesidad de evitar aquellos excesos penales que harían un flaco favor a la vida que se desea proteger.

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