Por José Joaquín Brunner, consejero Giro País

A cinco meses de la elección presidencial, los enunciados programáticos en el ámbito educacional de los dos principales candidatos aparecen escuetos, y su fundamentación, exigua. Sin duda, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera suelen declarar los grandes objetivos que, de ser elegidos, sus gobiernos perseguirían.

No debe sorprender que ellos sean coincidentes; a fin de cuentas, no hacen sino expresar el sentido común contemporáneo en torno a los asuntos de la educación: que ella ha de ser de calidad y equitativa; provista con acuerdo a estándares internacionales; a través de colegios efectivos y con profesores altamente competentes; orientada a desarrollar al máximo las capacidades de niños y jóvenes, y puesta al servicio de la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país. ¿Quién podría no coincidir con tan nobles como retóricos objetivos?

Además, ambos candidatos han ofrecido, cada uno, un menú de medidas para encaminar al sistema educacional hacia esos objetivos. También estas provisiones y arreglos cubren territorios comunes y varios apuntan en direcciones similares: progresivo aumento de la subvención escolar y su diferenciación en favor de los alumnos de menores recursos; ampliación de los servicios de atención temprana y cuidado de los niños a través de salas cunas y jardines infantiles; revisión del Estatuto Docente y fortalecimiento de la profesión pedagógica; mayores exigencias e incentivos para los profesores; evaluación continua y cada vez más intensa del aprendizaje de los alumnos y la gestión de las escuelas; preocupación por los establecimientos con crónico mal desempeño y adopción de esquemas de tratamiento intensivo para sacarlos adelante, y necesidad de reordenar la educación municipal.

El hecho de que existan estas áreas comunes revela que por detrás hay diagnósticos relativamente compartidos y, al frente, espacios suficientemente acotados dentro de los cuales mañana buscar y encontrar acuerdos. Esto es positivo puesto que varias de las medidas planteadas requerirán consensos suprapartidistas para poder implementarse.

También hay proposiciones divergentes entre ambos candidatos, aunque menores de lo que suele fingir la expresividad discursiva de sus mensajes. Por ejemplo, mientras el candidato de la Concertación parece inclinarse por una educación municipal más concentrada en su gestión por parte de unas "entidades estatales" aún no definidas, el candidato de la Alianza ofrece una descentralización con menor grado de concentración en unas "corporaciones de educación de calidad", también indefinidas por ahora en cuanto a su naturaleza y funciones.

En general, ambos conjuntos de enunciados buscan sortear cualquier tipo de definición ideológica fuerte. Si bien uno parece inspirado tímidamente en la anacrónica retórica del Estado Docente y el otro, timoratamente, en el disonante discurso del mercado autorregulado, ambos se cuidan de extremar diferencias sustantivas y, en la práctica, arriban a medidas parecidas.

Llama asimismo la atención que ambas candidaturas carezcan todavía de una sólida y coherente fundamentación para sus propuestas, lo que impide evaluarlas en su mérito propio, su consistencia técnica, su viabilidad política y su ajuste con los fines perseguidos.

Curiosamente, por último, ninguna de las dos ofertas electorales se pronuncia hasta ahora, de manera clara y taxativa, sobre cómo se propone implementar la nueva institucionalidad aprobada bajo el actual gobierno y llevar a cabo la imprescindible modernización del Ministerio de Educación. Es un doble vacío que, de no llenarse, restaría peso a cualquier propuesta y pondría en duda la probabilidad de poder materializarse.