Por Julio Sarmiento[1], julio 2009.

El Consejo de Rectores está viviendo uno de los momentos de máxima tensión de su historia y detrás de la crisis se vislumbra una disputa no solo económica, sino también una pelea en la que se juegan las fichas ideológicas de lo que se entiende por universidad pública.

Resulta que nuestra institucionalidad universitaria tiene un fuerte componente histórico, que gira en torno a un grupo de universidades que tradicionalmente asumieron la responsabilidad de formar profesionales y generar investigación para el país. Instituciones que jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico y social del siglo pasado, de manera abierta a la comunidad, con costos que recaían principalmente en el Estado. Un singular mecanismo de financiamiento entendido bajo la lógica de estar comprometidas con el proyecto país de aquel entonces. Nadie hubiera pensado en esa época del lucrativo negocio que sería después la educación superior, ni de la importancia estratégica que tendría para la formación ideológica de las futuras elites dirigenciales del país.

Se podría afirmar que la Educación Superior Pública en Chile surgió con la peculiar característica de ser mixta en términos de propiedad, y es justamente aquí donde está el concepto en disputa que comienza a nublar el panorama. Prácticamente ningún país del mundo está en una situación similar. El natural entendido apunta a considerar como lo público solo a lo estatal, utilizando este medio para suplir las necesidades sociales sin requerir colaboración de instituciones privadas. Estas existen con la natural motivación de llevar adelante proyectos educativos complementarios de carácter privado, orientados a un sector de la sociedad, sin rendirle cuentas a nadie, y sin tener que sacrificar la exclusividad que siempre les ha caracterizado. Casi todos los sistemas universitarios son mixtos, pero con claridad distinguen entre instituciones públicas y privadas, estando las primeras en propiedad del estado, siendo además gratuitas, laicas y pluralistas; a diferencia de las segundas que se asumen como privadas sin ningún complejo, y se dan el lujo de cobrar altísimo aranceles, elegir a quienes admiten y enseñar lo que les place.

Sin embargo resulta que conceptos y roles tan claros no parecen tan obvios en el debate universitario actual, donde la existencia del Consejo de Rectores no se basa en principios de compromiso social, sino solamente en su evolución histórica. Existe una ambigüedad que no se han querido esclarecer porque sin duda, podría poner en juego una serie de privilegios que tienen instituciones que responden a intereses privados, pero que pasan desapercibidas dentro del respetable Consejo. Este aun sigue entendiéndose como la agrupación de universidades que merecen financiamiento estatal, pese al ligero matiz de referirse ellas como tradicionales y no como públicas, lo que implicaría una serie de compromisos con el estado que hoy día se pasan por alto.

Mucho ha cambiado desde aquel inocente origen donde todas las universidades se alineaban con los intereses de todos. Con las reformas aplicadas por el gobierno militar entraron al juego muchas otras motivaciones que hay que considerar a  la hora de analizar que ocurre hoy día en el Consejo de Rectores y hacia donde va el manoseado concepto de universidad pública. Concepto que se ve amenazado de quedar vacío, al punto de considerar como pública a cualquier institución que produzca una externalidad social según podemos inferir del discurso de Carlos Peña, (UDP).

En los años 80 se reestructuró la educación superior, y los objetivos fueron claros a mi entender, por un lado el interés económico y por otro lado la necesidad de reforzar la barrera del acceso al conocimiento a los sectores más populares para reforzar la hegemonía del modelo socioeconómico.

Sobre lo primero no hay mucho mas que decir, el lucro ha estado presente en todo debate y es un secreto a voces que la única motivación de muchas instituciones es esta. Lo hacen de manera inescrupulosa, con publicidad engañosa, sin regulación, y jugando con las oportunidades de familias humildes que se endeudan por pagar aranceles que nada se condicen con la calidad de la educación que reciben. Lo peor es que algunas lo hacen con fondos fiscales, que a través del AFI y el AFD terminan en instituciones que no rinden cuenta sobre la manera en que los utilizan, porque recordemos, no son estatales y por tanto sus recursos no pasan por contraloría ni por chilecompras, ni tienen la responsabilidad de invertirlos en el bien de todos. Por suerte este es un privilegio aun limitado principalmente a las universidades tradicionales, pero ¿que pasaría si se abriera esta posibilidad a todas las acreditadas como algunos plantean?

Sobre lo segundo hay más que agregar. Pablo Imen, un académico argentino habla de como en los países latinoamericanos se restringe el acceso al conocimiento a través de cuatro mecanismo principales: Inclusión/exclusión: propiciando una limitación a la inserción en el sistema, algo que ocurre en Chile con los sectores populares que no alcanzan los puntajes de corte en la PSU; Segmentación horizontal: que implica la fragmentación del sistema en establecimientos de distintas calidades en un mismo nivel, frente a lo cual nuevamente son los sectores humildes los que acceden a una mala educación que no asegura inserción laboral; Segmentación vertical: implica la fragmentación entre niveles, como la brecha entre formación técnica y universitaria; y la Fuga hacia Adelante: que se aplica al vaciado de contenidos que sufren los niveles masificados, que obligan a optar por un nivel superior para obtener el grado de calificación adecuado, algo típico del fenómeno de los postgrados en las carreras que han aplicado reformas a su pregrado.

En esta realidad de la educación superior impuesta en dictadura y avalada en su marco estructural por los gobiernos subsiguientes, suena totalmente anacrónico el concepto de universidad pública, de calidad, pluralista, masificada y gratuita como mundialmente se conoce. Sería entregar a la población todo ese capital social y cultural que hasta hoy día se mantiene convenientemente al margen de gran parte de la juventud chilena, encerrado en las selectas universidades privadas que el padre Berrios llamara de "cota mil" donde se forman las elites intelectuales seleccionadas con pinzas de cierto sector social y aisladas de toda idea o realidad que afecte su simpatía hacia el status quo. Universidades que en la ambigüedad discursiva de sus voceros, hablan de estar cumpliendo también con un rol público que el estado debería financiar, ¿de que rol estamos hablando?

En su ofensiva al interior del Consejo de Rectores, encabezando a las universidades privadas tradicionales, el Rector Rosso (PUC) ha hablado de discriminación hacia "algunas instituciones", preocupado porque detrás de la propuesta de un Nuevo Trato para las estatales, está el olvidado principio de que la educación pública debe ser el pilar fundamental del sistema universitario de cualquier país que aspire a su desarrollo. Educación Pública que quizás pueda ser impartida por instituciones de propiedad privada, pero no las que se encuentran aisladas, elitizadas y lejos del poder adquisitivo de la mayor parte del pueblo de Chile. Una institución pública es aquella que se comprometa a ser abierta a la sociedad, sin concentrar a un grupo socioeconómico o a una ideología en particular, para que permita el encuentro y la diversidad social; aquella que sea pluralista, contando con libertad de cátedra y libertad de asociación; y aquella que sea democrática permitiendo que en su gobierno estén representados todos los estamentos para que su proyecto de desarrollo no quede secuestrado por los intereses de un grupo de académicos, de un dueño, o simplemente del mercado. De este compromiso inapelable de lo público ninguna privada ha querido hablar, porque después de todos son privadas y no les sirve eso de comprometerse, pero a mi juicio este compromiso con lo público debería ser la condición del financiamiento estatal, un compromiso recíproco de dar y recibir teniendo siempre claro que el objetivo está como dijera Andrés Bello "en Chile y las necesidades de su pueblo".

[1] Estudiante de Medicina, Directivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Senador Universitario.