Por Alejandra Contreras, consejera Giro País*

En el actual escenario de crisis, el éxito de las medidas impulsadas por el Gobierno para reactivar la  economía dependerá, en buena medida, del rol que estén dispuestos a jugar los intermediarios financieros para agilizar la entrega de recursos a las personas y empresas. Los bancos comerciales enfrentan, entonces, un doble desafío: dar respuesta -por una parte- a las  exigencias de la sociedad, flexibilizando sus políticas de acceso al crédito y participando activamente en los programas diseñados por la autoridad económica; y, en paralelo, resguardar que sus decisiones se enmarquen en los niveles de exigencia que han hecho de nuestro sistema financiero uno de los más sólidos del mundo.

En ese contexto, resulta pertinente relevar que en la actualidad existe en el mercado un instrumento de crédito de mínimo riesgo, que permite a las instituciones financieras colocar una cantidad significativa de recursos en manos de las familias chilenas, para que éstas inviertan en uno de los activos que les resulta más preciado: la educación de sus hijos. El Sistema de Créditos con Garantía Estatal de la Ley 20.027, existente desde 2006, considera la participación del sector privado para el otorgamiento de los recursos, y de las instituciones de educación superior y del Estado como avales de cada crédito que se otorga.

Actualmente este sistema ha permitido que unos 150.000 jóvenes de probado mérito académico y con carencias económicas, cursen una carrera. Muchos ya han egresado y otros incluso están haciendo continuidad de estudios -desde una carrera técnica a una profesional- con la misma ayuda. Se trata del "instrumento financiero con impacto más positivo desde el punto de vista de la redistribución de los recursos públicos a estudiantes de bajos ingresos", hicieron notar la OCDE y el Banco Mundial en su Informe sobre Educación Superior en Chile, dado a conocer hace algunas semanas.

Si consideramos que la proporción de recursos privados y públicos involucrados es de 70% y 30% respectivamente, en realidad este sistema no sólo posibilita redistribuir recursos públicos, sino que permite también que las instituciones financieras privadas contribuyan de manera significativa al desarrollo de los jóvenes más vulnerables del país. Un antecedente especialmente relevante si consideramos que estimaciones preliminares indican que este segmento del mercado de créditos crecerá desde los actuales US$300 millones a US$1.500 millones al 2012 y a US$4.000 millones al 2020.

Tratándose de un mecanismo de financiamiento inédito en el mundo, la participación de los bancos, en los primeros años de funcionamiento del sistema, no estuvo exenta de dificultades. Sin embargo, el trabajo conjunto de las instituciones educacionales, el sector público  y los actores financieros ha ido despejando los puntos críticos, mediante un conjunto de modificaciones que apuntan a estimular el desarrollo de este mercado de créditos para educación superior.

Este año Comisión Ingresa entregará 80.000 nuevos créditos, acogiendo la decisión del gobierno de ampliar la cobertura de las ayudas estudiantiles a todos los postulantes del cuarto quintil de ingresos. Es un inmenso desafío para el sistema. Y es también una oportunidad para las instituciones financieras puesto que, lejos de representar una amenaza, el actual escenario de crisis es muy propicio para utilizar este instrumento, que genera beneficios para todos. Ganan, en primer lugar, los alumnos, que obtienen la posibilidad de acceder a la educación superior contando con financiamiento para toda su carrera. A las instituciones financieras, por su parte, se les abre la oportunidad de invertir en un instrumento de excelente rentabilidad, muy bajo riesgo, y crecimiento exponencial en los próximos años, sin mencionar la oportunidad de fidelizar clientes, todos futuros profesionales y técnicos. Ganan también las instituciones de educación superior, al lograr mejores condiciones para responder a las exigencias de eficiencia y calidad y, por último, el Estado encuentra en este sistema el modo de garantizar la inversión en capital humano, priorizándolo como el factor más relevante para el desarrollo nacional.

* Directora Ejecutiva Comisión Ingresa, Sistema de Créditos para Estudios Superiores