por Eduardo Engel, consejero Giro País

Mi mayor preocupación ante un eventual gobierno de la Alianza es la excesiva influencia que tendrían intereses empresariales en la formulación de las políticas públicas. El rol del sector privado es clave en el desarrollo y crecimiento del país, y por eso es importante que los privados participen en los debates públicos.

Sin embargo, es igualmente importante que exista una debida distancia entre las autoridades de gobierno y los empresarios.

Los dirigentes empresariales suelen presentar lo que es bueno para su sector como deseable para el país. A veces tienen razón, pero otras veces están profundamente equivocados. Es clave tener autoridades que entiendan la diferencia entre el interés público y el privado, y estén dispuestas a denunciar y enfrentar posturas oportunistas.

Mis aprensiones fueron confirmadas por declaraciones recientes de Felipe Morandé al resumir las políticas de infraestructura de un eventual gobierno de la Alianza. Sus propuestas son particularmente cercanas a las posiciones de los gremios de la construcción y las empresas concesionarias, en desmedro de los intereses de la gran mayoría de los chilenos.

La principal propuesta del grupo Tantauco, liderado por Morandé, es que las obras de infraestructura sean hechas "preferentemente por el sector privado mediante el sistema de concesiones". El que se haya privilegiado el financiamiento público en años recientes se debería, según los asesores de Piñera, a "cuestionamientos al mecanismo de concesiones por aparentes problemas de transparencia y costos de las obras".

La participación privada es buena para la sociedad cuando va de la mano con la competencia. Esta estimula la innovación, la creatividad, los incentivos para reducir costos y mejorar la calidad de los productos, beneficiando a las buenas empresas y a los consumidores y usuarios. Como los proyectos de infraestructura concesionados en general son monopolios naturales, se trata de un sector donde no hay competencia "en la cancha". Por eso es tan importante que funcione bien la competencia "por la cancha", es decir, la competencia que se da en la licitación donde se selecciona la empresa concesionaria.

Una parte sustancial de las inversiones en infraestructura financiadas por el sistema de concesiones no fueron asignadas en una licitación competitiva, sino mediante renegociaciones posteriores donde no hubo competencia alguna. En promedio, cada una de las 50 concesiones otorgadas entre 1993 y 2006 ha sido renegociada tres veces, resultando en transferencias a los concesionarios de unos US$ 2.800 millones (1). La mayoría de éstas han sido entre concesionarios y el MOP, sin ser revisadas por terceros independientes.

Esta situación es la que Morandé describe como un problema "aparente" de transparencia y costos de obras. Que los montos adicionales que las empresas recibieron sin mediar un proceso competitivo asciendan al 33% del presupuesto original de las obras concesionadas sea descrito como un problema "aparente", sugiere que las autoridades de un eventual gobierno de Piñera no serán capaces de detectar problemas reales de falta de transparencia y exceso de costos.
 
Los asesores de Piñera agregan que el proyecto de ley que está tramitando el Congreso "desnivela los riesgos en contra de los inversionistas privados, por lo que, de no mejorarse, podría encarecer las concesiones y espantar el interés de aquellos inversionistas, hoy día muy involucrados en grandes proyectos de obras públicas en EE.UU., Europa y otros países emergentes que ofrecen condiciones de negocios muy atractivas".
 
Dos precisiones. Primero, con la crisis financiera internacional, las inversiones en concesiones se encuentran esencialmente paradas en la mayoría de los países, partiendo por EE.UU. La amenaza de que debemos darles en el gusto a las empresas concesionarias para que no se vayan a otra parte es patentemente falsa, en general, y ahora más que nunca. Yo prefiero una autoridad que detecte y denuncie amenazas espúreas a una que se haga eco de ellas.

Segundo, y más importante, los proyectos que se tramitan actualmente en el Congreso buscan evitar que las empresas concesionarias obtengan utilidades extraordinarias renegociando contratos. Cuando razones de interés público requieran obras adicionales que superen el 25% de la inversión original, se crean condiciones de competencia para asignar dichas obras. En el caso de cambios por debajo de este umbral, existirán instancias independientes velando porque las nuevas obras sean remuneradas a precios competitivos. En lugar de "desnivelar los riesgos en contra de los inversionistas privados", como afirma el coordinador de infraestructura de Piñera, lo que se logra con esta ley es una cancha pareja, donde ganan las empresas más eficientes, no las que son buenas para haber lobby y renegociar.

Uno de los proyectos más ambiciosos para mejorar la productividad de la economía chilena del gobierno de Bachelet fue en el área de infraestructura,  modernizando el MOP, mejorando la Ley de Concesiones y creando la Superintendencia de Obras Públicas. La oposición a estos cambios, liderada por el gremio de concesiones (Copsa), ha sido enorme, y ha logrado que los proyectos de ley correspondientes avancen lentamente en el Congreso. Sebastián Piñera, por su parte, ha hecho de los incrementos de productividad un tema central tanto de su campaña como de su crítica a los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, cuando se trata de elegir entre mayor productividad para toda la economía y oportunidades de negocios para empresas cercanas a sus asesores, la propuesta de los Tantauco no deja duda sobre cuál alternativa se optaría en un eventual gobierno de la Alianza.