Por: Julio Osses

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No ha sido de lo más elegante el despliegue de argumentos que ha antecedido a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, cuyo debate pasó a una comisión mixta del Congreso. Durante bastante tiempo, las trincheras, que representan por un lado los intereses de los usuarios de internet y por otro el derecho de los artistas y creadores a que se garantice la protección de sus obras, se han revuelto como un pandemonio. Pero no voy a detenerme en eso.

Más allá de tomar esta o la otra posición, tengo más preguntas que frases para el bronce. Convengamos en algo: proteger la propiedad intelectual es bueno. Incluso podríamos dejar pasar el hecho triste de que esta nueva ley no se haya originado en el afán de proteger a los artistas, sino en cumplir con los estándares del TLC con EE.UU. O podríamos obviar que el Ministerio de Cultura terminó lavándose las manos y delegando la vocería de esto a funcionarios que ya tienen bastante trabajo con el quehacer político contingente.

Eso nos lleva a otro punto: centrar este proyecto en quitar responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet suena muy, muy feo. Y si algo huele extraño en el legítimo pataleo de los activistas digitales, es que jamás parecen haber considerado que las empresas que proveen internet no son blancas palomas afectadas coyunturalmente. El intercambio ilegal de archivos protegidos por copyright es parte del handicap del negocio, y si yo vivo de eso, debo hacerme cargo, ¿no?

Lo cual conduce directamente a tratar de convenir en otro punto: aunque el diputado Arenas (UDI) haya alarmado sobre un supuesto chipe libre para la censura en la red, promovida por un párrafo de esta ley, en la práctica eso no se ve muy real. Incluso un estudio del Ministerio Público indicó lo imposible de la fiscalización del P2P. Este nuevo formato persigue al que sube material, no al que lo baja. Y, aun así, debe existir una denuncia por parte del titular del copyright afectado para que se activen mecanismos de advertencia y, posteriormente, de acción punitiva directa. Ahora bien, habrá que ver cómo nuestro sistema judicial implementa esta "policía del contenido". Eso será interesante.

Está claro que el tema no es fácil. Pero lo más importante es que si algún mecanismo debe ser acusado de dolo, no es la protección a la propiedad intelectual. Por ningún lado.

Lo que sí deja una brecha abierta enorme es el daño profundo que todo tipo de contención del acceso a la cultura y la información pueda infligirle a un país como el nuestro. No somos Estados Unidos. La atomización de la cultura en Chile ya es brutal, y una ley calcada de la realidad norteamericana bien puede ser una aberración. Pero eso es otro tema. Otro gran tema.