Por: Julio Sarmiento.

¿No sería extraordinario que pudiéramos tener un una Universidad de Chile gratuita? Por supuesto que si, en caso de que este sistema fuera universal y existiera una política de acceso que permitiese a los estudiantes de distintos estratos, distribuirse en la universidad en igual proporción a la existente en Chile. Una educación pensada como una inversión social, en la que no sería un obstáculo la capacidad adquisitiva.

Pero hoy día la existencia de un sistema mixto, con universidades estatales elitizadas, cuyos estudiantes son mayoritariamente del 5ª quintil, haría de la gratuidad un beneficio prácticamente vedado a los sectores populares. Un mecanismo que estaría financiado a costa de impuestos ya regresivos ( IVA ), llevando a una subvención aberrante de los sectores de mejor situación socioeconómica, con cargo a las familias humildes. 

Así que a todas luces la solución no va estar, el menos en el corto plazo, en instaurar un mecanismo que solo podría funcionar a costa de reestructurar todo el sistema.  Sin negar que es menester impulsarlo, pero siendo consientes de que no tenemos el poder de lograrlo de una y tomándole peso a la urgencia de que existan reformas. Debemos permitir avances en equidad y sentar las bases para nuevas reformas que de manera proyectada, estratégica y paulatina, permitan desmantelar el modelo actual. 

Una propuesta muy interesante es la de impulsar un arancel diferenciado, como paso previo a la gratuidad. Fue justamente a través de un mecanismo así como se logró la funesta transición entre nuestra histórica educación gratuita y el modelo de financiamiento privado actual. La idea de fondo es que la educación no tiene un costo según se valor de mercado, sino que abonar o no por ella, se condice con las posibilidades económicas del estudiante en cuestión. En otras palabras, que pagué el que pueda pagar y el no pueda queda eximido.

Se ha especulado mucho al respecto, desde considerar casi cualquier cosa como arancel diferenciado de facto, hasta tildar de discriminatorio el mecanismo, y lo cierto es que a veces no queda tan claro el concepto. Pero si es claro que un arancel diferenciado no puede construirse sobre la base del crédito, y no puede dejar de considerar la gratuidad total para algunos quintiles, de lo contrario se vuelve un arancel postergado, o simplemente deja de cuestionar el autofinanciamiento que hay de fondo. Así que se deben lograr al menos estas dos premisas y no existe ningún mecanismo actual que las cumpla en rigor, por lo que sigue siendo una demanda necesaria, lejos de estar superada. A largo plazo y en estricto rigor, un arancel diferenciado real implica que los costos de la universidad sean acordes a las posibilidades reales de pago de cada estudiante, de manera escalonada y al contado.

Desde los 90 esto se plateó como una demanda nacional, enfocando hacia el ministerio con la intensión de que fuera este su promotor como política pública, impulsando la legislación adecuada y guiando su implementación. Pero esa política fracasó en el 2005 y no logró avanzar más allá del acuerdo CONFECH-MINEDUC. Con este se implementó un sistema de ayudas que en la Chile cubre totalmente los tres primeros quintiles y parte del cuarto. La beca del ministerio cubre hasta el arancel de referencia y es complementada por un crédito similar al del fondo solidario. Muy lejos aun del arancel diferenciado, ya que no hay gratuidad y al final se paga y se suma intereses aunque no sea en el transcurso de la carrera. 

Lo que se pudo avanzar no se alcanzo a disfrutar, porque desde aquí empezó a regir el Crédito con Aval del Estado, otorgado por la banca privada, abierto a instituciones fuera del CRUCH y listo pata convertirse en la opción neoliberal que una vez establecida como política de financiamiento estudiantil, el gobierno espera que pase a ser la única alternativa. Pero lo que no fue posible en el debate nacional quizás sea viable en plano local, si fuéramos capaces de impulsar el arancel diferenciado desde el interior de las universidades, al margen de la discusión ministerial y en el contexto de la negociación de aranceles. Lo que además como salida al conflicto abre un nuevo escenario, el de continuar abogando por disminuir el valor de los aranceles, pero también el de aumentar la protección a los quintiles vulnerables y lograr por primera vez, que el cobro sea escalonado en función de la capacidad de pago. 

El avance es que una vez instaurado, si es reconocido, puede hacerse exigible en otras instituciones y perfeccionable en la nuestra, introduciendo estos dos elementos que hasta ahora han estado ausentes del debate: el de la gratuidad total para algunos quintiles, cambiando el paradigma de que la educación deben pagarla todos, y el de un pago menor en lugar de diferido para los del cuarto quintil. La forma de llevarlo acabo tendría que ser mediante una beca que se haga cargo de la brecha entre el arancel real y el de referencia para los primeros dos quintiles, que cubra la mitad de esta misma brecha en el tercero, y el reajuste de aranceles en el cuarto. Con el reajuste a futuro de esta beca en la misma proporción que cualquier alza de aranceles, no solo se congelan el valor que paga el cuarto quintil, sino que además se le bajan los aranceles al tercero y se consigue la gratuidad para los primeros. 

Es necesario entregarle un poco de equidad al sistema de financiamiento estudiantil y es claro que no podemos continuar gravando a familias vulnerables con los altísimos costos de la educación universitaria. Hay peleas en torno  la política ministerial de financiamiento y hacia el marco jurídico del sistema, pero lo que se haga en las universidades en cuanto a financiamiento estudiantil puede también constituir un avance. Hay día cobran sentido las demandas por mejores condiciones de ayuda y se da un campo propicio para cuestionar de manera estratégica la forma en la que se entregan los beneficios instaurando cambios de paradigmas como los que se encuentran detrás de la propuesta de aranceles diferenciado. Es posible, es necesario y depende de nosotros.