Por Julio Sarmiento. Presidente Federación de Estudiantes Universidad de Chile.

(Vía La Nación)

También se encuentra encarnado en la figura del nuevo ministro de Educación, Joaquín Lavín, un sector religioso efectivo a la hora de instalar su dogma en la educación superior, el Opus Dei.

La última reforma a la educación superior fue la de los ’80, respondiendo a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. Para llevarla a cabo fue necesario el debilitamiento y fragmentación de las universidades de Chile y Técnica del Estado, junto con la creación y fortalecimiento de instituciones privadas con pocas regulaciones y escasas exigencias de calidad. En este nuevo orden de cosas no constituyó un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación, favoreciéndose la segmentación del sistema educativo y permitiendo el surgimiento de universidades como proyectos ideológicos de grupos económicos y religiosos. Desde los ’90, ha habido diversos intentos de recuperar, estudiar y pensar el sistema de educación superior, pero hasta ahora ha sido imposible formular las condiciones para la existencia real de un sistema de educación superior distinto del que preserva las premisas económicas e ideológicas instauradas con la reforma del 80.

Para 2020, el grupo etario entre los 18 y los 24 años tendrá acceso al sistema y el gasto destinado en educación se duplicará, de acuerdo con las proyecciones de diversos organismos (Unesco, OCDE). Pero éstas no nos dicen a qué tipo de educación se tendrá mayor acceso ni de qué manera se van a distribuir estos recursos. Las definiciones corresponderán principalmente al nuevo gobierno y hay que leer el programa presidencial de Sebastián Piñera para ver hasta qué grado existe la voluntad política de impulsar estas necesarias transformaciones y analizar las relaciones de poder para reconocer la dirección en la cual se alinearán sus propuestas.

Del programa presidencial surgen de inmediato cuatro planteamientos clave: Piñera plantea aumentar becas y créditos sin “discriminar por el carácter” jurídico de las instituciones; asegurar el acceso sin que haya impedimentos financieros mediante la vía del crédito; abrir las fuentes de recursos a todas las instituciones y dotar a las universidades de gobiernos corporativos. Lo que significa, despejados los eufemismos, que se va a incrementar la política de competencia entre las instituciones sin observancia del carácter misional de ellas, con el agravante de asumir, explícitamente, que no hay nada relevante en las universidades estatales que las haga merecedoras de consideraciones especiales. Se perfecciona la subvención del negocio de la educación, favoreciéndose con recursos que llegarían por concepto de beneficios estudiantiles y aportes directos al sistema privado. Se plantea, además, eliminar incluso los aspectos democráticos que en el gobierno de ciertas instituciones les confieren su carácter eminentemente público. Podemos concluir, entonces, que las decisiones están tomadas en la línea de expandir el sistema con condiciones que favorecen el crecimiento de más instituciones privadas y los recursos para ellos se van a entregar haciendo desaparecer la diluida frontera entre la educación pública y la privada. En los hechos, desnaturalizadas las universidades estatales y repartidos en igualdad de condiciones los fondos, deja de existir en Chile la educación superior pública.

Respecto de las relaciones de poder, el nominar como ministro de Educación a Joaquín Lavín indica la conducción que Piñera pretende dar a sus propuestas, porque en su figura se encuentra un claro representante de dos sectores profundamente influyentes. Por un lado, está presente este mismo mundo de las instituciones privadas con las que el nuevo ministro tiene un vínculo muy estrecho, siendo graduado de una de ellas, fundador, accionista y académico de otra. Por otro lado, se encuentra también encarnado en la figura de Lavín uno de los sectores religiosos más efectivos a la hora de instalar su dogma a través de las instituciones de educación superior, el Opus Dei, un grupo poseedor de universidades privadas confesionales que ahora va a poder recibir aportes fiscales para seguir desarrollando su proyecto ideológico educativo.

Pocos cambios podemos esperar que se hagan respecto de los principios que inspiraron la reforma de los ’80, sino que, más bien, vamos a ver coronadas las mismas intenciones, con una nueva institucionalidad y un nuevo financiamiento, que va a ser totalmente afín a los intereses de estos grupos. Esto a menos que desde la sociedad organizada surja una fuerza capaz de establecer otras prioridades.