Por Julio Sarmiento, Estudiante de Medicina, Senador Universitario, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Hoy se viven las consecuencias de la destrucción de la educación pública que proyectaron los asesores civiles que gobernaron con Pinochet en la década de 1980. Las universidades estatales quedaron gravemente heridas luego de funcionar durante tres décadas con aportes insuficientes y trabas administrativas. Se permitió de manera deliberada que floreciera un mercado privado  de educación, para beneficio de potentes grupos económicos encabezados por los mismos que en dictadura trataron de destruir y debilitar desde el gobierno a las universidades estatales.

Hemos llegado al punto en el que la asimetría en la competencia por recursos y estudiantes ha favorecido tanto a los planteles privados, que estos se encuentran en condiciones de generar una ofensiva desde sus casas de estudio, el gobierno y los medios de comunicación, demandando subsidios del estado para sus propios negocios.

Lamentablemente Chile es el único país donde se ha dado plena libertad al mercado para cumplir tareas inherentes a lo público en rubros tan delicados como la educación. Donde a la motivación de lucro, disfrazada de emprendimiento, se le permite anteponer los bolsillos a las personas y exigir que el Estado les entregue recursos extras por eso.

Se ha propuesto una nueva institucionalidad para agrupar a todas las universidades acreditadas bajo el argumento que el Consejo de Rectores “discrimina” a las que fueron creadas después. Pretenden con la victimización convencer de que es lógico sentar a prestigiosos Rectores académicos elegidos entre sus pares, con administradores designados por empresarios. No les basta a los grandes consorcios la influencia de sus capitales y quieren hacerse un lugar en los espacios de deliberación política donde hasta ahora el prestigio académico les han impedido ingresar.

Otra medida ha sido el transformar el Aporte Fiscal Directo en Fondos concursables a los que pueda postular también cualquier privada acreditada. Han argumentado en la “calidad” sin referirse a que esta produzca o no un beneficio social, y nada han comprometido en relación a eliminar el lucro, que como motivación principal es en si mismo un argumento para no financiar con recursos fiscales a quienes van a privilegiar las ganancias privadas, independiente de que al otro lado haya un estudiante vulnerable, una familia pobre, o un consumidor desvalido.

Privilegiar el financiamiento en función de la calidad, hace capitular la excelencia propia de un quehacer académico basado en el prestigio y la tradición, frente a indicadores forzosamente introducidos por ideólogos de la liberalización económica. La igualdad de trato a que esto conlleva, implica ni siquiera esforzarse por alcanzar sino concretamente desmerecer, las características que hacen a las universidades tradicionales dignas de su sitial. Por eso los representantes de universidades privadas han evitado hablar de la diversidad de la composición socioeconómica de sus estudiantes, el pluralismo de su enseñanza, de la formación de valores democráticos, la participación de los estamentos en su gobierno, o cualquier otra cosa que huela a público, que ponga a la universidad al servicio de la sociedad y que les impida enseñar lo que quieren, de la manara que se les antoje y en función de los interese que le sean propios.

La reforma a la educación superior anunciada desde el MINEDUC ha escondido con pieles de oveja a peligrosos lobos de crecidos colmillos, que argumentando con eufemismos y lugares comunes su bienintencionado aporte, buscan asestar el golpe final a los universidades que ya una vez trataron de destruir. Han trabajado muy bien su discurso para encubrir las ansias enormes de aumentar su tajada en el lucrativo negocio de la educación superando las ultimas barreras que hacina del quehacer universitario una tarea pública de interés nacional, donde el objetivo ha sido preservar el interés común, la identidad cultural y los valores democráticos, al margen de cualquier influencia económica, política, doctrinaria o confesional.