Por  Eugenio Evans E.

Profesor de Derecho UC

Consejero GiroPaís

Con las mejores razones, el caso de la proyectada central Barrancones ha estado acaparando la atención de la opinión pública, pues no puede dejar de impresionar la forma en que se decidió paralizar la ejecución y emplazamiento de esa unidad generadora. Varias son las cuestiones de cabe analizar acerca de este tema.

La primera, muy política, es la responsabilidad con la que se hacen afirmaciones u promesas en los períodos preelectorales, es decir, las promesas de las campañas políticas hoy día imponen cierto grado de compromiso que obliga, a quién las hace, a ser objetivamente serio al publicitarlas y sustancialmente cuidadoso en su materialización. Ello quedó de manifiesto en este caso, en el que se trajo de vuelta y con la mayor exposición, declaraciones de campaña del Presidente de la República, en las que habría manifestado opinión contraria a este proyecto eléctrico.

Luego, esas promesas y en general, los compromisos de campaña deben ser materia de mucho análisis, máxime si por medio de tales promesas y compromisos se expone al ordenamiento jurídico y deja a los agentes económicos privados, como en el caso, sujetos a una especie de voluntarismo incompatible con la seguridad jurídica que los proyectos eléctricos exigen para su realización. En este sentido, el Presidente ha señalado que está convencido acerca de la procedencia de su gestión y que ella fue una excepción. Como se quiera justificar por la máxima autoridad su decisión, ello no disminuye la sensación que en nuestro país la voluntad presidencial es lo suficientemente fuerte y extrema como para alterar, en cualquier instante, lo que decidan los órganos competentes o que cualquier proyecto industrial podrá ser objeto de revisión luego de su aprobación aún por los Tribunales de Justicia o la Contraloría General de la República, en caso que hubieren revisado la legalidad de su procedencia.

Especialmente y tratándose de proyectos industriales vinculados con la energía, lo que se diga en campañas políticas debe ser extremadamente meditado previo a su exposición. Resulta imposible pensar que en un país serio y con reglas claras, propias de un Estado de Derecho, puedan aparecer los candidatos presidenciales afirmando su decidida oposición a tal o cual proyecto o que este no verá la luz durante su mandato. El caso de la central Barrancones es una lección que los actores políticos deben tener muy presente y por ello, a mi modesto entender, debieran prometer y solo comprometer su eventual voluntad presidencial con el objetivo de velar por el cumplimiento más estricto y riguroso del ordenamiento jurídico. La ley, en una democracia, es en donde se manifiesta de mejor forma la voluntad soberana y por ello, cuando se compromete la observancia plena del ordenamiento jurídico se cumple de la mejor forma con los fundamentos más apreciados del sistema democrático.

Lo expuesto, además, contribuirá a resolver uno de los problemas más acuciantes que tendrá nuestro país en el futuro, sin perjuicio que hoy ya se observan algunos síntomas negativos. En Chile el costo de la energía eléctrica es de los más elevados del continente, se requieren con urgencia profundas inversiones en generación y en transmisión de electricidad, su concretización es hoy necesaria y con los años se hará definitivamente urgente. La manera de lograrlo es despejar la solidez de nuestras instituciones de cualquier voluntarismo político y permitir el pleno funcionamiento de las reglas y órganos que, tanto en materia ambiental como energética, se han ido creando. Pienso que, exclusivamente de esa forma, existirá plena confianza en que Chile cuenta con las herramientas que permiten dar certeza y seguridad jurídica, ambas indispensables para llevar adelante proyectos energéticos no solo de gran envergadura, sino que además, indispensables para nuestro desarrollo.