Por Eduardo Engel, Profesor de Economía Universidad de Yale. Consejero Giro País.

Vía: La Tercera-Reportajes. 28 de mayo, 2011.

Michael Porter, el célebre gurú del management que visitó
Chile recientemente, asesoró al gobierno de Muammar Gadafi
entre los años 2004 y 2007, redactando un informe en el
cual describió al gobierno libio como democrático, no una,
sino varias veces. El mismo Gaddafi que antes de estas
asesorías llevaba décadas subyugando a su pueblo, que
según Amnistía Internacional ordenó la ejecución de 25
críticos a su régimen por todo el mundo y que afirmó
que todo aquel que funde un partido político será
ejecutado.

Las asesorías de Porter fueron parte de los servicios
ofrecidos por la consultora Monitor Group al gobierno
libio. Fundada en 1983 por un grupo de profesores de
la Escuela de Negocios de Harvard, actualmente Monitor
tiene 1.500 empleados repartidos por todo el mundo.

Según el Boston Globe, entre 2006 y 2008 el gobierno
libio pagó a Monitor varios millones de dólares por
servicios que incluyeron  la preparación de una propuesta
para un libro que resaltara el liderazgo de Gaddafi en
materia de libertades individuales y la organización
de las visitas de varios académicos prominentes a Libia
(Anthony Giddens, Francis Fukuyama, Joseph  Nye y Robert
Putnam entre otros)  para que se reunieran con Gaddafi
y contribuyeran a "resaltar al aprecio internacional"
por el líder libio, generando cobertura favorable en
la prensa mundial. Una y otra vez, Monitor describió
al régimen libio como una democracia "popular" y "directa"
mientras más de un académico que se reunió con el dictador
redactó columnas de opinión resaltando los "vientos de
reforma" que supuestamente soplaban en Libia.

Algunos de los académicos mencionados han argumentado
que la motivación que tuvieron para participar en los
proyectos de Monitor fue contribuir a reformas que
beneficiarían al pueblo libio. Dadas las cuantiosas
sumas que pagó el gobierno de Gaddafi a Monitor -ninguno
de los académicos ha revelado cuánto le pagaron-, y lo
que escribieron en sus informes y artículos de prensa,
alabando al gobierno de Gaddafi y el gran país que
lideraba, podemos ser escépticos respecto de esta
motivación.

Sir Howard Davies renunció a la dirección del London
School of Economics (LSE) luego de que se revelara que
el gobierno libio había donado varios millones de libras
esterlinas a la prestigiosa institución académica británica
para financiar una cátedra y contribuir a un centro de
estudios. Según el Financial Times, el LSE se encuentra
investigando si hubo plagio en la tesis doctoral que el
hijo del dictador libio entregó para recibirse de esa
institución. Monitor reconoce haber sido contratada por
Seif al-Islam Gaddafi para entrevistar a líderes de
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales
para su tesis y uno de los profesores de Harvard que
visitó a Gaddafi contratado por Monitor le comentó
detalladamente un capítulo de su tesis, aunque se
defendió argumentando que hace esto regularmente
cuando es contactado para tal efecto. No deja de
ser interesante que el título de la tesis del más
brutal de los hijos de Gaddafi sea "El rol de la
sociedad civil en la democratización de las
instituciones globales de gobernanza".

La reputación de los académicos que asesoraron a Gaddafi
se ha deteriorado, al menos en la costa este de los Estados
Unidos. Según informó el Harvard Crimson, el ex decano de
Harvard, Harry Lewis, resumió lo sucedido diciendo que "un
tirano compró un informe con los colores de Harvard
concluyendo que conducía una democracia". Lewis pidió que
Harvard censurara públicamente a Porter.

Más allá de los costos de reputación, el affaire
Monitor-Gaddafi también ha entrado en terreno legal.
Según el Financial Times, del 6 de mayo, luego de
enterarse de que el gobierno de los Estados Unidos
había iniciado una investigación, Monitor Group reconoció
haber infringido la legislación estadounidense sobre
registro de lobbystas. Las actividades desarrolladas la
obligaban a registrarse como lobbysta del gobierno libio,
lo cual hizo en forma retroactiva hace unas semanas,
aprovechando la oportunidad para registrarse también
como lobbysta del gobierno de Jordania.

Un pobre manejo de los conflictos de interés se ha vuelto
un problema recurrente de algunos académicos muy
destacados. El tema se aborda de manera magistral, a
propósito de la crisis financiera internacional de 2008,
en la película Inside Job, que hace unos meses obtuvo el
Oscar al mejor documental (y que se encuentra disponible
en DVD).

En este documental se entrevista a Frederic Mishkin,
destacado profesor de la Escuela de Negocios de Columbia
en Nueva York, y se le pregunta por un estudio que realizó
el 2006 para la Cámara de Comercio de Islandia sobre la
estabilidad financiera de aquel país, concluyendo que las
instituciones financieras de la isla eran sólidas. Se le
pregunta cómo llegó a esta conclusión, en vista del
colapso del sistema financiero islandés poco tiempo
después, y el profesor responde que se basó en la
información que recibió de instituciones financieras
islandesas. Se le pregunta por qué el título de la versión
actual del informe habla de la "inestabilidad financiera"
cuando el título original mencionaba la "estabilidad
financiera" y responde que fue un error de tipeo.
Finalmente, cuando se le pregunta por qué su informe
no mencionó que había sido financiado por la Cámara de
Comercio de Islandia, reconoce el hecho y no tiene
respuesta.

Un individuo tiene un conflicto de interés cuando uno de
ellos podría llevarlo a corromper sus acciones respecto
de otro interés. Se trata de situaciones donde el individuo
tiene varios intereses apuntando en direcciones opuestas
(también se conoce como "competencia de intereses"). Dicho
de manera más directa, los intereses en conflicto cuando
académicos-consultores opinan sobre temas complejos y
relevantes para la ciudadanía, son la objetividad y rigor
académico, versus dar argumentos que benefician a un
cliente poderoso que paga bien por dichos servicios.

Todos tienen derecho a opinar sobre los temas que deseen,
incluyendo los académicos que realizan consultorías. Pero
dado que la sociedad espera un grado de imparcialidad de
los profesores universitarios, estos deben revelar
cualquier conflicto de interés relacionado con la opinión
que están dando. Por ejemplo, la diferencia entre un
estudio realizado por curiosidad intelectual, que debiera
ser la principal motivación del quehacer académico, y uno
realizado por encargo de una parte interesada que remunera
generosamente, es importante, por lo cual se debe
mencionar cuando hubo financiamiento de por medio. Y si
un académico realiza un estudio financiado por una parte
interesada en un tema de política pública y luego participa
en el debate público sobre el tema, debe mencionar el
financiamiento en sus columnas y entrevistas.

Varias universidades estadounidenses están revisando las
políticas que tienen sobre conflictos de interés de sus
académicos. En Chile, que yo sepa, no hay políticas al
respecto. De hecho, ni siquiera hay una legislación que
regule y transparente las actividades de lobby, lo cual
es grave, pues, como lo ilustra el caso de Monitor y
Gaddafi, la legislación sobre lobby fue central para
que Monitor reconociera  en qué consistieron realmente
las asesorías que realizó para el gobierno libio. "Si
hubiese sabido que el principal motivo por el cual fui
invitado a Libia era para influenciar la opinión pública
de los Estados Unidos, no habría ido", declaró el famoso
profesor Robert Putnam, al Boston Globe.

Y respecto de legislaciones importantes que están
actualmente en la agenda pública, tanto el debate
sobre HidroAysén como la licitación de las cuotas
pesqueras se beneficiarían de una legislación que
regule el lobby y políticas claras sobre conflictos
de interés de académicos-consultores. En ambos casos
la opinión pública quiere saber si quienes opinan en
estos temas, relevantes y a la vez técnicamente
complejos, han recibido financiamiento de alguna de
las partes. Tienen derecho a saberlo.

Por Eduardo Engel, profesor de Economía de la Universidad de Yale. Consejero Giro País.

Vía: La Tercera

Las políticas económicas seguidas por el gobierno de
Cristina Fernández desafían muchas de las convicciones
más profundas que tenemos la mayoría de los economistas.
Remoción del presidente del Banco Central cuando se niega
a traspasar seis billones de dólares en reservas al
gobierno, expropiación de los fondos de pensiones con
objeto de allegar más de cuatro billones de dólares cada
año a las arcas fiscales, hostigamiento de medios
opositores y de empresas extranjeras, fijación de precios,
adulteración de cifras de inflación y crecimiento, y mucho
más.

Los textos elementales de economía, y también los más
avanzados, sugieren que un escenario dominado por políticas
como las anteriores llevará a poco crecimiento y bajo
bienestar. Nada de eso ha sucedido con nuestros vecinos
transandinos, que vienen creciendo como avión desde el
2003. Ya el 2005 habían sobrepasado los niveles de
producción alcanzados antes de la crisis del 2001, y
durante el período 2005-2010 crecieron a tasas anuales
promedio en torno al 7%.

Todo parece indicar, entonces, que estamos en presencia de
un milagro económico, un país que crece rápido, con
políticas que no se asocian con el desarrollo o el
crecimiento económico, sino todo lo contrario.

Desgraciadamente, no es así. Los efectos de corto plazo de
las políticas transandinas, analizadas una a una, no son
grandes. Pero los efectos negativos se acumulan y, con el
tiempo, su efecto llega a ser importante.

No tener datos oficiales confiables de inflación
imposibilita contratos indexados en pesos, lo cual
encarece la provisión de ciertos bienes y servicios
(por ejemplo, viviendas). Las distorsiones que esto crea
seguramente cuestan unas décimas de producto cada año,
no más.

Expropiar los ahorros previsionales llevará a tasas de
ahorro menores, con una fuga de capitales importante,
pero mientras sigan altos los precios internacionales
de la soya y otras exportaciones, bastará con gravar
esos ingresos y no se notará mayormente. Nuevamente,
algunas décimas de producto perdidas y no mucho más.

Que el gobierno ejerza presión sobre inversionistas
extranjeros para que vendan sus empresas a empresarios
locales de su confianza, que se persiga judicialmente a
gerentes de empresas extranjeras, de seguro reduce la
inversión extranjera, pero los efectos  toman años en
manifestarse con fuerza, por lo cual, por el momento,
sólo unas décimas adicionales de menor producción.

Que el gobierno haya decidido mantener artificialmente
bajos los precios de la energía, remunerando de manera
apropiada sólo las nuevas inversiones, ha llevado a que
las inversiones más recientes sean en tecnologías menos
eficientes, como la térmica, pero donde las inversiones
que pueden ser expropiadas son menores. En el corto plazo,
el precio promedio de la energía se mantiene bajo, debido
a precios artificialmente bajos para inversiones antiguas,
mientras que en el largo plazo cae la productividad y,
eventualmente, el precio de la energía será mucho más
alto de lo que hubiese sido con políticas apropiadas.
Por el momento, ni siquiera unas décimas de producto
perdido.

Que se haya producido un notable deterioro del nivel
profesional en el sector público, donde operadores
políticos o intelectuales poco sofisticados -aún recuerdo
al regulador del sector eléctrico que argumentó que  la
competencia en dicho sector no es posible, porque todos
los electrones son iguales- han reemplazado a
profesionales con calificaciones técnicas, probablemente
conlleva un deterioro importante del desarrollo y
crecimiento. Pero casi nadie se percata.

Si tomamos el efecto combinado de las políticas anteriores,
estamos hablando, seguramente, de un par de puntos del
producto perdidos cada año luego de un período inicial
en que ni siquiera esto es obvio. Nada dramático ni
notorio mientras duren los precios altos de las
exportaciones argentinas. Y como las políticas
seguidas han permitido a la Presidenta Fernández
beneficiar, al menos en el corto plazo, a grupos
importantes de electores, lo más probable es que la
Señora K sea reelegida con una sólida mayoría.

Cabe preguntarse por qué los electores no dan suficiente
peso a los costos de mediano y largo plazo de las
políticas de gobierno. Puede ser que sean cortoplacistas,
pero, a mi juicio, el factor clave, especialmente en países
ricos en recursos naturales, es otro. Los votantes se
equivocan sistemáticamente al asignar la responsabilidad
de los vaivenes de la economía. Cuando la economía crece,
dan más mérito al gobierno del que realmente tiene, cuando
hay recesiones, culpan al gobierno más de lo que
corresponde. En este contexto, y dados las enormes
fluctuaciones de precios de las exportaciones de la
mayoría de los países en América Latina, se tiene un
escenario propicio para políticas populistas.

Al final, sin embargo, el efecto acumulado de políticas
que no promueven el crecimiento se hace patente. Hace 25
años, el poder adquisitivo promedio de los argentinos más
que duplicaba aquel de los chilenos, hoy son prácticamente
iguales. Al paso que vamos, en algunas décadas habremos
dejado atrás a nuestros vecinos, si no en el fútbol, al
menos en materia de crecimiento y desarrollo.

Por: Eduardo Engel, profesor de Economía de la Universidad de Yale. Dante Contreras, profesor de Economía de la Universidad de Chile. Cristóbal Huneeus, profesor del Departamento Ingeniería Industrial Universidad de Chile. Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda.

* La Tercera - Reportajes. 3 de abril, 2011.

Eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo. Los que tienen más, contribuyen más; pero todos los que pueden contribuyen algo. Es lo que hace legítimo y sustentable el sistema. Los mayores de 65 años son los principales usuarios de la Salud. Porque su gasto es tres veces el promedio de una persona menor de 60, los adultos mayores reciben más del 7% que pagan. Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino. Al tercer año no habrá nadie que se ofrezca y las reuniones de camaradería se habrán terminado.

El cambio propuesto es injusto, engañoso e imprudente. Es injusto, porque discrimina entre chilenos. En Chile todo trabajador, aunque gane sólo el salario mínimo, aporta para su jubilación, salud y seguro de desempleo. Alguien que recibe apenas 172 mil pesos, y que tiene tres o cuatro bocas que alimentar, cotiza 37 mil pesos al mes. ¿Por qué tendría esa familia que pagar por su salud si un adulto mayor que recibe una pensión de similar monto y acaso vive solo no contribuye nada? De acuerdo con la encuesta Casen 2009, el 8,9% de los mayores de 60 años vive en la pobreza. Esta cifra irá bajando gracias a la reforma de pensiones aplicada por Michelle Bachelet. Por contraste, entre los chilenos menores de 17 años, la incidencia de pobreza supera el 20%. Si de gastar 200 millones de dólares se trata, ¿por qué no hacerlo en los niños, que son los más necesitados?

El cambio propuesto es engañoso, porque no dice las cosas como son. Eliminar el 7% crea la ficción de que es posible aumentarles los ingresos a los pensionados sin costo alguno. Si el gobierno busca subir las pensiones en 7%, que proponga un reajuste al Congreso. Así podríamos tener un debate nacional sobre el mejor uso de estos recursos. Algunos, muy legítimamente, estarían por aumentar las jubilaciones. Otros preferirían gastar más en educación. Otros le darían prioridad a la vivienda o la pyme. Y la pregunta de cómo se financian estos gastos estaría en el centro de la discusión. Ese debate le haría bien a Chile. El cambio propuesto es imprudente, porque no presta atención alguna al financiamiento futuro del sistema de Salud. Los países gastan un porcentaje creciente de sus ingresos en salud por dos razones. Porque la población envejece, requiriendo mayores cuidados, y porque el costo de la salud sube más rápido que el IPC. Chile es un buen ejemplo de ambas tendencias. Naciones con sistemas de salud tan distintos como Estados Unidos, el Reino Unido y Taiwán están hoy enfrascados en debates sobre cómo contener los costos del cuidado médico y allegar nuevos recursos a la salud. Es decir, los países serios discuten cómo financiar sus sistemas de salud. La propuesta del gobierno, por contraste, se empeña en desfinanciar el nuestro.

Suele afirmarse que el 7% incluye un 2% para licencias que los adultos mayores no utilizan. Esa tesis es equivocada en un sentido formal: no hay tal asignación del 2%. Pero también es errónea en un sentido más profundo. En un sistema solidario de seguros, algunos siempre pagan por servicios que no utilizan. Los cotizantes jóvenes financian muchos servicios para los adultos mayores que a ellos -los jóvenes- de poco les sirven. Pero eso no tiene nada de malo. Al revés: es de la esencia de la seguridad social. Otros argumentan que el cambio propuesto sólo libera de la obligación del 7% a quienes no pueden pagar. Esa afirmación también es discutible. La ley chilena hoy exime de la cotización de Salud a quienes define como carentes de recursos. Esa definición incluye a buena parte de quienes reciben una Pensión Básica Solidaria (PBS).

No faltará quien diga que se trata de un cambio acotado, que no tendrá mayor impacto en el sistema de Salud contributivo. Lo dudamos. Algunos ya piden eliminar el 7% para la clase media; otros lo exigen para todos, sin importar ingresos. Más de alguien planteará eximir del pago de Salud a los trabajadores activos que ganan menos de un cierto sueldo. O a los que ejecutan labores pesadas. O a las trabajadoras jefas de hogar. En cada uno de estos casos existirán poderosas razones -pobreza, precariedad, discriminación- para conceder el beneficio. Pero sumado, ello implicaría privar al Estado de los recursos que hoy financian la salud de los chilenos. Finalmente, alguien podría sostener que así como a los jubilados no se les descuenta para financiar las pensiones, tampoco debería descontárseles para financiar la salud. En la jerga de los economistas, uno podría tener un sistema de reparto para la salud, así como algunos países tienen un sistema de reparto para las pensiones. El problema es que los sistemas de reparto han entrado en crisis, porque el cambio demográfico (cada día hay más adultos mayores por cada trabajador joven) los vuelve inviables. Y si el problema es grave en la previsión, más grave sería en la salud, porque el alza de los costos de salud no parece revertirse en ningún país del mundo.

Chile necesita un sistema de protección social amplio y sustentable. Eliminar la cotización de Salud del 7% lo debilita. También enciende luces de alarma sobre el futuro de la salud pública. Es una política que le hace mal a nuestro país.

Por Juan Pablo Biott, estudiante de Ciencia Política y actual practicante de Fundación Ciudadano Inteligente (@votainteligente)

Artículo basado en información entregada en reportaje de 24 horas central, TVN.

La sequía es un problema que va en aumento en muchas partes del mundo y Chile no es la excepción. Si bien este fenómeno se debe a razones naturales, en algunas circunstancias, al parecer, es la mano del hombre quien puede provocarla. Tal es el caso de una pequeña localidad rural llamada "El Carmen" ubicada en la octava región del país, donde un grupo de pequeños agricultores han debido sufrir sus nefastas consecuencias, perdiendo gran parte de sus cosechas por la ausencia de lluvias y agua. Esto ha provocado que sus habitantes deban recurrir al ingenio para sobrevivir ante este complejo escenario, debiendo racionar al máximo las pocas gotas que hoy descienden desde la precordillera.

Durante décadas, el estero "El Quemado" ha sido el encargado de nutrir las cosechas y animales de estas personas, pero de manera repentina, hace largos meses, este aliado natural dejó de realizar su trascendental labor. La creación de un embalse, en el fundo aledaño llamado "Los Mañíos", propiedad del Honorable Diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez, parece ser la explicación del desalentador panorama que hoy ofrece dicho estero. A raíz de esto, Nelson Quilodrán, quien es uno de los agricultores afectados, decidió denunciar al Parlamentario presentando acciones ante el Tribunal de Yungay con el objeto de paralizar la actividad de dicho tranque.

De esta forma, la Dirección General de Aguas, tomó cartas en el asunto y corroboró la inexistencia de una autorización para crear el embalse, el cual además no cuenta con la debida autorización de la Seremi de Medioambiente, ya que no fue sometido al estudio de impacto ambiental, siendo este un requisito fundamental para la ejecución de estas obras. Por ello, el 29 de Mayo de 2009, el ex director de la DGA, Ramón Daza, ordenó a la "Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Rosauro Martínez y Compañía Limitada" (a la cual el Diputado pertenece desde 1988) paralizar la extracción de aguas superficiales del estero "el Quemado". Ante esta situación el Honorable apeló ante la Dirección Nacional de Aguas, aceptando la construcción de dicho tranque sin las autorizaciones pertinentes, pero justificó el hecho, aludiendo a su "desconocimiento" de dicha tramitación, lo cual a simple vista resulta irrisorio, considerando la trayectoria como Diputado y su constante vinculación a la actividad agrícola.

Me parece que este último argumento perfectamente podría ser aceptable en el caso de un pequeño agricultor, quien probablemente subsiste con los medios básicos en estos terrenos, los cuales muchos han sido heredados de sus antepasados y sólo representan una herramienta para la subsistencia de sus locatarios, por lo tanto, menos se puede esperar que contengan algún tipo de conocimiento legal en esta materia. Pero particularmente en este contexto, Rosauro Martínez no solo lleva 18 años seguidos como Diputado de esta zona, sino que además pertenece precisamente la a Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, lo que, por ende, resulta ser un argumento al menos cuestionable. En un escenario como este, la falta de probidad en la política actual queda expresada de manera evidente. Es lamentable que hechos como estos ocurran y se deba esperar a que un determinado programa de televisión lo dé a conocer de manera pública, ya que no sólo representa una irregularidad grave, sino que además involucra a un parlamentario, quien con descaro asume desconocer una ley y hace valer su autoridad pública en desmedro de otros, esos "otros" que en definitiva son los que depositan su confianza en él por medio de un voto, otorgándole, dicho sea de paso, la calidad de "Honorable".

 

Por Eduardo Engel 

Profesor de Economía Universidad de Yale. Consejero Giro País.

Vía: La Tercera

Si hemos de creerles al Presidente y a sus ministros, esta
 semana pasará a la historia por el anuncio del proyecto de
 ley que extiende el posnatal. "Una fórmula maravillosa,
 espectacular desde el punto de vista social", comentó una
 ministra. "La ley más importante a favor de la mujer en más
 de medio siglo", agregó una parlamentaria de la coalición
 gobernante. La realidad, desgraciadamente, es muy distinta.

 El proyecto extiende el permiso maternal (suma de período
 pre y posnatal) de cuatro a siete meses. Durante los tres
 meses adicionales el Estado pagará un subsidio igual al
 sueldo de la madre, con un tope mensual de 650 mil pesos.

 Una característica clave de una buena política social es
 que beneficie a los sectores de menores ingresos. Chile es
 un ejemplo entre países emergentes en esta materia: el 44\%
 de los subsidios monetarios que entrega el gobierno
 benefician al 20% (quintil) más pobre de la población,
 mientras que sólo el 4% va a dar al quintil más rico
 (Casen 2009).

 La extensión del posnatal que propone el gobierno
 transfiere un subsidio cuatro veces mayor a una madre que
 gana 650 mil pesos o más que a una madre que gana el
 salario mínimo. Peor aún, un tercio de las mujeres
 trabajadoras seguirá sin recibir subsidio maternal alguno,
 ya sea porque no tienen contrato o porque son trabajadoras
 por cuenta propia sin profesión. Como la mayor parte de
 este tercio tiene bajos ingresos, con suerte un 5\% de los
 recursos destinados a extender el posnatal llegará al
 quintil más pobre.

 Es decir, esta política está lejos de ser espectacular
 desde un punto de vista social. Y aquellos legisladores,
 de gobierno y de oposición, que planean elevar el tope de
 650 mil pesos mensuales durante el trámite legislativo
 tendrían el dudoso mérito de hacer aún más regresiva esta
 política.

 ¿Es una extensión del posnatal la política que mayores
 beneficios reportaría a las mujeres chilenas hoy? El
 permiso materno actual -antes de cualquier reforma- es más
 largo que en dos tercios de los países de la Organización
 para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), donde la
 mayoría de los países son más desarrollados que Chile.
 Por lo tanto, no es ahí donde estamos peor que los países
 con los que aspiramos a compararnos. Donde sí estamos
 mucho peor es en materia de empleo femenino. Entre los 33
 países de la Ocde, ocupamos el puesto número 32 en materia
 de empleo femenino. El proyecto para extender el posnatal
 no hace nada por mejorar esta situación. Por el contrario,
 la empeora, al hacer menos atractivo para las empresas
 contratar mujeres.

 La ya baja participación laboral femenina cae a la mitad
 en los sectores más pobres de Chile. Superar la pobreza
 muchas veces va de la mano con la obtención de trabajo
 por parte de la mujer. Ese era uno de varios motivos
 porque la masificación de salas cuna y jardines infantiles
 que promovió el gobierno de Bachelet tuvo y sigue teniendo
 tanto sentido. Un programa social bien focalizado que
 facilita trabajar a las madres y estimula a sus hijos en
 una edad clave para su desarrollo. ¿No sería mejor gastar
 los recursos de la extensión del posnatal en este tipo de
 programas?

 También hay una serie de regulaciones del mercado laboral
 que explican la baja participación femenina y respecto de
 las cuales los gobiernos de la Concertación no hicieron
 nada. Por ejemplo, urge eliminar el artículo 203 del
 Código del Trabajo que obliga al empleador a proveer
 salas cuna para empresas con 20 o más trabajadoras. Ese
 artículo explica por qué abundan empresas con 19
 trabajadoras, que no tienen el menor interés en contratar
 más mujeres.

 Llama la atención la falta de prolijidad con que el
 gobierno ha presentado esta iniciativa. Se da por hecho
 que los beneficios de salud y sicológicos asociados a
 extender el período de lactancia materna justifican
 cualquier costo. Los mejores estudios, basados en
 evaluaciones aleatorias y dirigidos por Michael Kramer,
 sugieren beneficios de salud menores a los esperados. Es
 cierto que extender la lactancia de tres a seis meses
 reduce las infecciones gastrointestinales. Sin embargo, no
 se observaron reducciones en las infecciones respiratorias
 o enfermedades inmunológicas (eczema atópico). ¿Por qué un
 gobierno que ha enfatizado tanto la importancia de evaluar
 el impacto de las políticas públicas no practica lo que
 predica?

 De nuevo, los problemas de carácter del Presidente Piñera
 le pasan la cuenta a su gobierno y al país. Primero fue
 su negativa a vender sus acciones, hasta que estalló el
 caso ANFP-Bielsa. Ahora es la falta de confianza que
 genera Piñera en la ciudadanía. La encuesta CEP indica que
 la fracción del electorado que desconfía del Presidente
 subió del 38% al 44% entre julio y diciembre del 2010.
 Un presidente con un déficit de confianza paga un costo
 demasiado alto si no cumple con sus promesas electorales,
 aun si éstas fueron hechas al calor de la campaña, sin
 medir adecuadamente sus consecuencias. "Donde menos se
 piensa salta la liebre", dice un proverbio popular. A lo
 cual podemos agregar: "Pero de lo que no cabe duda es que
 eventualmente salta".

Por Equipo Giro País 

El alza de tarifas en el pasaje del transantiago ha sido uno de los temas importantes a nivel regional y también nacional. En primera instancia el alza afecta directamente los bolsillos de quienes viven en la capital , pero como ya hemos visto, los problemas con el transantiago también influyen en los recursos destinados a regiones, un “daño colateral”podríamos llamarle.

Pero vamos por parte, hay muchas aristas que tratar respecto al tema, que el diseño es malo, que tuvo una mala implementación, que el chileno es “pillo”, que es imposible que el sistema se autofinancie sin “meter toda la mano” en el bolsillo de los usuarios, esos son sólo algunos de los problemas.

Por otro lado están los derechos y deberes de los mismos usuarios, y es donde la gente podría preguntarse ¿qué pasa con la CUT?, es bastante distinto ver a personas naturales protestando porque con el sueldo mínimo que se gana en este país y con las sucesivas alzas es difícil llegar cada día al trabajo, a ver en la discusión a una organización que está para proteger a la población trabajadora del país. Y ¿qué pasará a futuro?, ¿el tema se convertirá en una historia sin fin?, ¿pasará que el gobierno seguirá pidiendo a los usuarios que TODOS paguen sus pasajes y los usuarios seguirán evadiendo y así el gobierno nuevamente dirá que tiene que aumentar los costos, hasta que ya sea casi insostenible y usted tenga que llamar a su jefe y decirle “sabe, no puedo ir a trabajar hoy porque no me alcanza para la micro o el metro”?.

Las intenciones son buenas y el transantiago guste o no es un sistema ya existente y sólo queda mejorarlo. Claramente si cada usuario pagara lo que le corresponde ayudaría a bajar el déficit, pero reeducar a la población no es tema de un par de años y la estrategia terminará por agotarse.

Entonces la pregunta va más allá de un ¿qué pasaría si todos pagáramos el pasaje? Y se debería transformar en ¿cuáles son las reales medidas que el gobierno debe tomar para acabar de una vez por todas con esta historia que, como va, no parece terminar?

Por Ana Bascuñan.

Directora www.votainteligente.cl 

El año 2010 estuvo marcado por diversos acontecimientos que abrieron el debate en torno a la transparencia en el Congreso Nacional. Esto, a raíz de la publicación de la ley 20.447 que buscó adecuar su Ley Orgánica Constitucional, entre otras cosas, al principio de probidad y transparencia en la gestión pública reconocidos en nuestra Constitución. A pesar de lo anterior, luego de una larga tramitación (tardó casi 5 años en publicarse) varios de sus artículos no tardaron en generar polémica, ya que a pesar de su objetivo inicial, terminaron contraviniendo los principios de transparencia y apertura que nuestro Estado venía reconociendo desde hace ya algunos años.

Como ya bien sabemos, cuando el tema salió a la luz, diversas organizaciones sociales se movilizaron para modificar especialmente uno de sus artículos más polémicos: el que cerró parte importante del Congreso a la ciudadanía, prohibiendo el acceso de público a las sesiones de comisiones del Congreso y la publicidad de sus materiales de registro…triste conclusión a la que se llegó luego de casi 5 años de discusión. Sin embargo, de esa movilización han derivado positivos resultados ya que se reabrió el debate, se escuchó a diversas organizaciones de la sociedad civil y se están consensuando modificaciones que buscan “abrir” las sesiones de comisiones a la ciudadanía.

A pesar de lo anterior, hay otros aspectos que no dejan de ser preocupantes. A raíz de que el Congreso – a mi juicio sin causa razonable – quedó al margen de las obligaciones que establece la ley de transparencia (Nº 20.285) respecto al derecho que tienen los ciudadanos de solicitar información y reclamar ante el Consejo para la Transparencia, se dictó en esa misma ley una norma que obliga a las Cámaras a establecer en sus reglamentos las disposiciones que cautelen el acceso del público a la información. Sin embargo, a casi 6 meses de su entrada en vigencia, la Cámara de Diputados – a diferencia de lo que ha ocurrido en el Senado – aún no ha aprobado dicho reglamento y establecido un mecanismo que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a realizar solicitudes de información pública al alero de la ley. A pesar de que esta preocupación ha sido manifestada en diversas oportunidades a su Secretario General y Comisión de Ética y Transparencia presidida por el diputado Marco Antonio Núñez, nada ha sucedido al respecto, siendo los ciudadanos los más afectados. En este sentido poco llaman la atención los resultados arrojados por el estudio publicado en “el Mostrador” de la Fundación Pro acceso, donde esta Cámara fue uno de los organismos peor evaluados en virtud de que no entregaron la información que se les requirió.

Más difícil aún se pone esta situación, cuando si bien existe un déficit general de información en todas las comisiones, paradójicamente es la comisión de Ética y Transparencia la que menos información presenta, lo que nos ha impedido seguir la discusión de este reglamento. Para terminar, esta situación se complejiza aún más cuando vemos que la misma ley sobre la que nos hemos referido en esta columna – la que tardó casi 5 años en publicarse – también establece que va a ser esta comisión, integrada por parlamentarios, la encargada de velar por los principios de probidad y transparencia, y de resolver las controversias que se generen en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es decir, será esta comisión, encargada de resolver temas fundamentales, la que actuará como juez y parte. Así, el desafío para el 2011 es que se mejoren y aumenten los niveles de transparencia de los organismos públicos, especialmente de la Comisión de Ética y Transparencia del parlamento chileno.

Por  Pablo Rodríguez Núñez

Estudiante de Ciencia Política. Secretario General Federación de Estudiantes de la Universidad Central.

A más de un año del triunfo de Sebastián Piñera y la derecha en la segunda vuelta, la Concertación aún no encuentra el rumbo que perdió electoralmente con la derrota de Frei, pero que política, programática e ideológicamente había perdido años atrás. El hecho de que en la reciente encuesta CEP, la ex presidenta Michelle Bachelet siga apareciendo como la líder indiscutible de la coalición opositora, es una señal clara de la desorientación que refleja este conglomerado político, que se traduce en aquella percepción de la opinión pública.

El problema no es que la gente la siga evaluando tan bien, siendo esto algo lógico, producto de la alta aprobación con la que terminó su mandato. El problema radica principalmente en que la Concertación no ha realizado aún un debate real sobre las causas de la derrota, de su distanciamiento con las demandas ciudadanas, de los actores políticos que la conformarán con el mismo o distinto nombre, y sobre sus nuevos liderazgos y proyectos políticos. Mientras estas carencias no se enfrenten, este tipo de situaciones serán parte de una coalición que todavía no se recupera de su derrota.

La concertación no puede esperar que ella sea su líder. Este rol significa un liderazgo en la discusión que se realice sobre el futuro de este conglomerado, y por razones geográficas y por su estilo de hacer política esto no es posible. Como antecedente debemos considerar que durante su gobierno, Bachelet nunca lideró a la entonces coalición gobernante. Si bien esto no es una condición obligatoria para quien tenga el cargo de Presidente, era un aspecto importante para la continuidad presidencial dado por el desgaste concertacionista, y ese rol por diversas razones no lo pudo jugar Bachelet.

Su elección como Presidenta se debió principalmente a sus atributos personales, y no por haber sido una figura surgida desde los partidos. Las encuestas fueron las que inicialmente la proyectaron, y no su liderazgo al interior de la Concertación. Su elección pudo ofrecer una instancia para entender a una ciudadanía que estaba cambiando, y que se desafectaba cada vez más con la forma de hacer política. Aquel era el momento para que Bachelet fuera la líder de un proyecto distinto, más inclusivo y progresista. Si eso no sucedió en ese momento, ahora es mucho más difícil, por no decir imposible, que aquello ocurra, a pesar de que muchos sectores de la Concertación así lo quisieran.

Está dentro de las posibilidades que una vez terminada sus tareas y responsabilidades en su nuevo cargo en la ONU, vuelva al país y enfrente las elecciones presidenciales como la candidata de la Concertación, pero más allá de eso una cosa es evidente: Bachelet no fue nunca, no es actualmente, y es poco probable que sea la líder que la Concertación espera.