Hoy se viven las consecuencias de la destrucción de la educación pública que proyectaron los asesores civiles que gobernaron con Pinochet en la década de 1980. Las universidades estatales quedaron gravemente heridas luego de funcionar durante tres décadas con aportes insuficientes y trabas administrativas. Se permitió de manera deliberada que floreciera un mercado privado  de educación, para beneficio de potentes grupos económicos encabezados por los mismos que en dictadura trataron de destruir y debilitar desde el gobierno a las universidades estatales.

Hemos llegado al punto en el que la asimetría en la competencia por recursos y estudiantes ha favorecido tanto a los planteles privados, que estos se encuentran en condiciones de generar una ofensiva desde sus casas de estudio, el gobierno y los medios de comunicación, demandando subsidios del estado para sus propios negocios.

Lamentablemente Chile es el único país donde se ha dado plena libertad al mercado para cumplir tareas inherentes a lo público en rubros tan delicados como la educación. Donde a la motivación de lucro, disfrazada de emprendimiento, se le permite anteponer los bolsillos a las personas y exigir que el Estado les entregue recursos extras por eso.

Se ha propuesto una nueva institucionalidad para agrupar a todas las universidades acreditadas bajo el argumento que el Consejo de Rectores “discrimina” a las que fueron creadas después. Pretenden con la victimización convencer de que es lógico sentar a prestigiosos Rectores académicos elegidos entre sus pares, con administradores designados por empresarios. No les basta a los grandes consorcios la influencia de sus capitales y quieren hacerse un lugar en los espacios de deliberación política donde hasta ahora el prestigio académico les han impedido ingresar.

Otra medida ha sido el transformar el Aporte Fiscal Directo en Fondos concursables a los que pueda postular también cualquier privada acreditada. Han argumentado en la “calidad” sin referirse a que esta produzca o no un beneficio social, y nada han comprometido en relación a eliminar el lucro, que como motivación principal es en si mismo un argumento para no financiar con recursos fiscales a quienes van a privilegiar las ganancias privadas, independiente de que al otro lado haya un estudiante vulnerable, una familia pobre, o un consumidor desvalido.

Privilegiar el financiamiento en función de la calidad, hace capitular la excelencia propia de un quehacer académico basado en el prestigio y la tradición, frente a indicadores forzosamente introducidos por ideólogos de la liberalización económica. La igualdad de trato a que esto conlleva, implica ni siquiera esforzarse por alcanzar sino concretamente desmerecer, las características que hacen a las universidades tradicionales dignas de su sitial. Por eso los representantes de universidades privadas han evitado hablar de la diversidad de la composición socioeconómica de sus estudiantes, el pluralismo de su enseñanza, de la formación de valores democráticos, la participación de los estamentos en su gobierno, o cualquier otra cosa que huela a público, que ponga a la universidad al servicio de la sociedad y que les impida enseñar lo que quieren, de la manara que se les antoje y en función de los interese que le sean propios.

La reforma a la educación superior anunciada desde el MINEDUC ha escondido con pieles de oveja a peligrosos lobos de crecidos colmillos, que argumentando con eufemismos y lugares comunes su bienintencionado aporte, buscan asestar el golpe final a los universidades que ya una vez trataron de destruir. Han trabajado muy bien su discurso para encubrir las ansias enormes de aumentar su tajada en el lucrativo negocio de la educación superando las ultimas barreras que hacina del quehacer universitario una tarea pública de interés nacional, donde el objetivo ha sido preservar el interés común, la identidad cultural y los valores democráticos, al margen de cualquier influencia económica, política, doctrinaria o confesional. 

(Vía La Nación)

También se encuentra encarnado en la figura del nuevo ministro de Educación, Joaquín Lavín, un sector religioso efectivo a la hora de instalar su dogma en la educación superior, el Opus Dei.

La última reforma a la educación superior fue la de los ’80, respondiendo a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. Para llevarla a cabo fue necesario el debilitamiento y fragmentación de las universidades de Chile y Técnica del Estado, junto con la creación y fortalecimiento de instituciones privadas con pocas regulaciones y escasas exigencias de calidad. En este nuevo orden de cosas no constituyó un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación, favoreciéndose la segmentación del sistema educativo y permitiendo el surgimiento de universidades como proyectos ideológicos de grupos económicos y religiosos. Desde los ’90, ha habido diversos intentos de recuperar, estudiar y pensar el sistema de educación superior, pero hasta ahora ha sido imposible formular las condiciones para la existencia real de un sistema de educación superior distinto del que preserva las premisas económicas e ideológicas instauradas con la reforma del 80.

Para 2020, el grupo etario entre los 18 y los 24 años tendrá acceso al sistema y el gasto destinado en educación se duplicará, de acuerdo con las proyecciones de diversos organismos (Unesco, OCDE). Pero éstas no nos dicen a qué tipo de educación se tendrá mayor acceso ni de qué manera se van a distribuir estos recursos. Las definiciones corresponderán principalmente al nuevo gobierno y hay que leer el programa presidencial de Sebastián Piñera para ver hasta qué grado existe la voluntad política de impulsar estas necesarias transformaciones y analizar las relaciones de poder para reconocer la dirección en la cual se alinearán sus propuestas.

Del programa presidencial surgen de inmediato cuatro planteamientos clave: Piñera plantea aumentar becas y créditos sin “discriminar por el carácter” jurídico de las instituciones; asegurar el acceso sin que haya impedimentos financieros mediante la vía del crédito; abrir las fuentes de recursos a todas las instituciones y dotar a las universidades de gobiernos corporativos. Lo que significa, despejados los eufemismos, que se va a incrementar la política de competencia entre las instituciones sin observancia del carácter misional de ellas, con el agravante de asumir, explícitamente, que no hay nada relevante en las universidades estatales que las haga merecedoras de consideraciones especiales. Se perfecciona la subvención del negocio de la educación, favoreciéndose con recursos que llegarían por concepto de beneficios estudiantiles y aportes directos al sistema privado. Se plantea, además, eliminar incluso los aspectos democráticos que en el gobierno de ciertas instituciones les confieren su carácter eminentemente público. Podemos concluir, entonces, que las decisiones están tomadas en la línea de expandir el sistema con condiciones que favorecen el crecimiento de más instituciones privadas y los recursos para ellos se van a entregar haciendo desaparecer la diluida frontera entre la educación pública y la privada. En los hechos, desnaturalizadas las universidades estatales y repartidos en igualdad de condiciones los fondos, deja de existir en Chile la educación superior pública.

Respecto de las relaciones de poder, el nominar como ministro de Educación a Joaquín Lavín indica la conducción que Piñera pretende dar a sus propuestas, porque en su figura se encuentra un claro representante de dos sectores profundamente influyentes. Por un lado, está presente este mismo mundo de las instituciones privadas con las que el nuevo ministro tiene un vínculo muy estrecho, siendo graduado de una de ellas, fundador, accionista y académico de otra. Por otro lado, se encuentra también encarnado en la figura de Lavín uno de los sectores religiosos más efectivos a la hora de instalar su dogma a través de las instituciones de educación superior, el Opus Dei, un grupo poseedor de universidades privadas confesionales que ahora va a poder recibir aportes fiscales para seguir desarrollando su proyecto ideológico educativo.

Pocos cambios podemos esperar que se hagan respecto de los principios que inspiraron la reforma de los ’80, sino que, más bien, vamos a ver coronadas las mismas intenciones, con una nueva institucionalidad y un nuevo financiamiento, que va a ser totalmente afín a los intereses de estos grupos. Esto a menos que desde la sociedad organizada surja una fuerza capaz de establecer otras prioridades.

Por Julio Sarmiento.

Luego de las propuestas lanzadas por Freí en el último debate, la confianza que pudimos algunos tener de que las cosas en Educación Superior fueran distintas, se fue a pique frente al anuncio de la Presidenta Michele Bachelet de aumentar los aportes destinados al Crédito con Aval del Estado en unos 485 millones de pesos.

Uno podría valorar la intención de proteger a un sector estudiantil profundamente desfavorecido  por las alternativas de financiamiento actuales. Esta clase media que ha venido integrándose cada mes mas a la educación superior pero sin poder contar con facilidades similares a las que se dan para los estudiantes mas pobres, no porque estos tengan sus problemas resueltos, sino porque cuentan con becas que mas o menos cubren sus costos. Los estudiantes de clase media seguramente lamentarán que esta “buena voluntad” no se haya traducido en una alternativa al endeudamiento con la banca privada, que sumado a los altos intereses, terminan haciendo de este Crédito un perjuicio a largo plazo para ellos y sus familias, pese al alivio inicial que les da la posibilidad de acceder a la Educación Superior con pago diferido.

Pero esta no realmente es una buena medida y lamentamos que no haya sido consultada con las Federaciones Estudiantiles o el Consejo de Rectores, quienes hemos elaborado propuestas mas efectivas para limitar las falencias del actual sistema de financiamiento estudiantil, centrando el beneficio en los estudiantes y no en las instituciones financieras o en las universidades de baja excelencia académica cuya motivación es el lucro. Son estas últimas quienes mayor provecho sacarán de la medida propuesta.

Esta debilita profundamente a la Educación Superior Pública al financiar la demanda en lugar de la oferta, ya que inyectando estos recursos en las universidades tradicionales se podría aumentar la matricula de las mismas asegurando estándares de calidad muy superiores al resto, disminuyendo el valor de los aranceles y aumentando los programas de ayudas internas con que éstas protegen a sus estudiantes vulnerables. Esto se enmarca en asegurar reales posibilidades de acceso a una educación superior de calidad y no en subvencionar el negocio de la educación como se interpreta en los hechos de la medida del gobierno.

Es preocupante que el déficit de los fondos para el Crédito solidario y el aumento para el Crédito con aval del estado sea para privilegiar este instrumento, haciendo que en el futuro el Estado se desligue completamente del Crédito Solidario.

La obligatoriedad del endeudamiento para poder acceder a la educación superior, la intromisión de la banca privada en este sistema y la apertura de las políticas de financiamiento estudiantil a instituciones en las que no se han asegurado estándares de calidad mínimos, ni mecanismos que aseguren la permanencia de los estudiantes, ni un compromiso explícito con el interés público o la formación pluralista, son el tipo de políticas neoliberales que se basan en la competencia de las instituciones por recursos y estudiantes, y no en la colaboración enfocada hacia un sistema integrado de Educación Pública. Justamente esto, no han permitido que Chile tenga una educación pública de calidad y accesible para los sectores populares; ni han propiciado dar el salto de desarrollo que nuestro país necesita.

Los soluciones reales llegarán cuando la protección de los estudiantes vulnerables se aborde desde la perspectiva de asegurar el financiamiento y los cupos en aquellas instituciones que realmente pueden ofrecerle la posibilidad de movilidad social y una formación socialmente comprometida con el país; considerada como una inversión social y no como un beneficio personal por el cual es correcto pagar e incluso endeudarse.

Por: Julio Sarmiento.

Estudiante de medicina, Senador Universitario y Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

Siendo joven es relativamente fácil dejarse llevar por propuestas novedosas. Pareciera que nos es profundamente atractivo lo que se vea moderno y diferente, todos lo saben, y particularmente los expertos de la ingeniería electoral. Las campañas presidenciales se lo han tomado muy en serio y es común encontrarse con apelativos directos que nos tratan de convencer con una estética y una fraseología que se autodenomina la opción del cambio.  (Leer más)]]> http://www.giropais.cl/rss/comments/view/691027 http://www.giropais.cl/content/view/677290/Hacia-un-Arancel-Diferenciado-Hoy.html Tue, 08 Dec 2009 22:17:06 -0300 http://www.giropais.cl/content/view/677290/Hacia-un-Arancel-Diferenciado-Hoy.html Giro País Por: Julio Sarmiento.

¿No sería extraordinario que pudiéramos tener un una Universidad de Chile gratuita? Por supuesto que si, en caso de que este sistema fuera universal y existiera una política de acceso que permitiese a los estudiantes de distintos estratos, distribuirse en la universidad en igual proporción a la existente en Chile. Una educación pensada como una inversión social, en la que no sería un obstáculo la capacidad adquisitiva.

Pero hoy día la existencia de un sistema mixto, con universidades estatales elitizadas, cuyos estudiantes son mayoritariamente del 5ª quintil, haría de la gratuidad un beneficio prácticamente vedado a los sectores populares. Un mecanismo que estaría financiado a costa de impuestos ya regresivos ( IVA ), llevando a una subvención aberrante de los sectores de mejor situación socioeconómica, con cargo a las familias humildes. 

Así que a todas luces la solución no va estar, el menos en el corto plazo, en instaurar un mecanismo que solo podría funcionar a costa de reestructurar todo el sistema.  Sin negar que es menester impulsarlo, pero siendo consientes de que no tenemos el poder de lograrlo de una y tomándole peso a la urgencia de que existan reformas. Debemos permitir avances en equidad y sentar las bases para nuevas reformas que de manera proyectada, estratégica y paulatina, permitan desmantelar el modelo actual. 

Una propuesta muy interesante es la de impulsar un arancel diferenciado, como paso previo a la gratuidad. Fue justamente a través de un mecanismo así como se logró la funesta transición entre nuestra histórica educación gratuita y el modelo de financiamiento privado actual. La idea de fondo es que la educación no tiene un costo según se valor de mercado, sino que abonar o no por ella, se condice con las posibilidades económicas del estudiante en cuestión. En otras palabras, que pagué el que pueda pagar y el no pueda queda eximido.

Se ha especulado mucho al respecto, desde considerar casi cualquier cosa como arancel diferenciado de facto, hasta tildar de discriminatorio el mecanismo, y lo cierto es que a veces no queda tan claro el concepto. Pero si es claro que un arancel diferenciado no puede construirse sobre la base del crédito, y no puede dejar de considerar la gratuidad total para algunos quintiles, de lo contrario se vuelve un arancel postergado, o simplemente deja de cuestionar el autofinanciamiento que hay de fondo. Así que se deben lograr al menos estas dos premisas y no existe ningún mecanismo actual que las cumpla en rigor, por lo que sigue siendo una demanda necesaria, lejos de estar superada. A largo plazo y en estricto rigor, un arancel diferenciado real implica que los costos de la universidad sean acordes a las posibilidades reales de pago de cada estudiante, de manera escalonada y al contado.

Desde los 90 esto se plateó como una demanda nacional, enfocando hacia el ministerio con la intensión de que fuera este su promotor como política pública, impulsando la legislación adecuada y guiando su implementación. Pero esa política fracasó en el 2005 y no logró avanzar más allá del acuerdo CONFECH-MINEDUC. Con este se implementó un sistema de ayudas que en la Chile cubre totalmente los tres primeros quintiles y parte del cuarto. La beca del ministerio cubre hasta el arancel de referencia y es complementada por un crédito similar al del fondo solidario. Muy lejos aun del arancel diferenciado, ya que no hay gratuidad y al final se paga y se suma intereses aunque no sea en el transcurso de la carrera. 

Lo que se pudo avanzar no se alcanzo a disfrutar, porque desde aquí empezó a regir el Crédito con Aval del Estado, otorgado por la banca privada, abierto a instituciones fuera del CRUCH y listo pata convertirse en la opción neoliberal que una vez establecida como política de financiamiento estudiantil, el gobierno espera que pase a ser la única alternativa. Pero lo que no fue posible en el debate nacional quizás sea viable en plano local, si fuéramos capaces de impulsar el arancel diferenciado desde el interior de las universidades, al margen de la discusión ministerial y en el contexto de la negociación de aranceles. Lo que además como salida al conflicto abre un nuevo escenario, el de continuar abogando por disminuir el valor de los aranceles, pero también el de aumentar la protección a los quintiles vulnerables y lograr por primera vez, que el cobro sea escalonado en función de la capacidad de pago. 

El avance es que una vez instaurado, si es reconocido, puede hacerse exigible en otras instituciones y perfeccionable en la nuestra, introduciendo estos dos elementos que hasta ahora han estado ausentes del debate: el de la gratuidad total para algunos quintiles, cambiando el paradigma de que la educación deben pagarla todos, y el de un pago menor en lugar de diferido para los del cuarto quintil. La forma de llevarlo acabo tendría que ser mediante una beca que se haga cargo de la brecha entre el arancel real y el de referencia para los primeros dos quintiles, que cubra la mitad de esta misma brecha en el tercero, y el reajuste de aranceles en el cuarto. Con el reajuste a futuro de esta beca en la misma proporción que cualquier alza de aranceles, no solo se congelan el valor que paga el cuarto quintil, sino que además se le bajan los aranceles al tercero y se consigue la gratuidad para los primeros. 

Es necesario entregarle un poco de equidad al sistema de financiamiento estudiantil y es claro que no podemos continuar gravando a familias vulnerables con los altísimos costos de la educación universitaria. Hay peleas en torno  la política ministerial de financiamiento y hacia el marco jurídico del sistema, pero lo que se haga en las universidades en cuanto a financiamiento estudiantil puede también constituir un avance. Hay día cobran sentido las demandas por mejores condiciones de ayuda y se da un campo propicio para cuestionar de manera estratégica la forma en la que se entregan los beneficios instaurando cambios de paradigmas como los que se encuentran detrás de la propuesta de aranceles diferenciado. Es posible, es necesario y depende de nosotros.

Por: Julio Sarmiento,
Secretario Ejecutivo de la FECH

¿Puede un señor de pelo blanco representar a la juventud como Candidato Presidencial? Algunos quizás piensen que no y juren que la única manera de recoger las sensibilidad juvenil es a través de una cara que represente una generación similar. Seguramente el cerco comunicacional no les ha permitido leer el programa o entender el trasfondo de esta candidatura de izquierda.

El Consejo de Rectores está viviendo uno de los momentos de máxima tensión de su historia y detrás de la crisis se vislumbra una disputa no solo económica, sino también una pelea en la que se juegan las fichas ideológicas de lo que se entiende por universidad pública.

Por Julio Sarmiento*

Soy de esos que creen que la economía es solo un criterio más, y nada está mas lejos de mi que considerar que el mercado es la panacea de la libertad en la tierra y que cualquier idea de sociedad que se opone a su reinado no es mas que un sueño pueril. Creo que uno planifica las vacaciones y después ve de donde saca la plata, así que no ha habido forma de hacerme pensar que uno no puede idear primero la educación que quiere tener para Chile, y después ponerse buscar como financiarla.

Por Julio Sarmiento

No hay ninguna duda de que el movimiento estudiantil está en un gran bache. No existe la efervescencia de años anteriores ni se ve a un estudiantado vibrando a la vos de sus dirigentes universitarios. Se especula mucho sobre el origen, buscando responsables a todo nivel, desde la decadencia de la sociedad del msn, el fotolog y el facebook, pasando por la siembra conciente de apatía y conformismo hasta caer en la necesidad de hacer algo distinto que llame la atención del esquivo sujeto histórico según los más posmodernistas.